Consumo denuncia a 17 compañías por eludir información sobre el reembolso de las reservas y abre la vía para cambiar bonos por dinero

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El Ministerio de Consumo, que lidera el ministro Alberto Garzón, ha interpuesto una acción judicial de cesación contra un mínimo de 17 de las aerolíneas con mayor actividad en España, entre ellas Iberia, Air Europa, Easyjet o Ryanair, por los problemas en las devoluciones de billetes de vuelos cancelados. Desde el Gobierno se acusa a las compañías de realizar una práctica comercial desleal, sobre la que coloca el calificativo de grave, y se reclama que “ofrezcan información correcta sobre el derecho al reembolso que asiste a los viajeros”, argumenta el ministerio a través de un comunicado.

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Consumo habla de una serie de “incumplimientos en la información” que estas aerolíneas ofrecen a los clientes sobre sus derechos ante la cancelación de vuelos. Las empresas han desarrollado, a ojos del Gobierno, “una práctica comercial desleal al omitir información sobre el derecho al reembolso en un plazo de siete días al que obliga la normativa comunitaria europea y la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios”.

Las 17 aerolíneas denunciadas son, por orden alfabético, Air Europa, Air France, Binter Canarias, EasyJet, Eurowings, Iberia (Iberia Express y Air Nostrum), Jet 2, KLM, Latam Airlines, Lufthansa, Ryanair, Scandinavian Airlines (SAS), Transavia, Thomson Airways (TUI), United Airlines, Volotea y Wizzair. Antes de abrir el frente judicial, el ministro Garzón recuerda que ya remitió una comunicación a las compañías, semanas atrás, para que cesaran esta actividad. Las denunciadas esperarán a analizar el caso antes de reaccionar públicamente, pero ya afirman que “están haciendo frente a los reembolsos de vuelos cancelados”, han asegurado desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA).

La Ley contempla la acción de cesación en un acto o práctica fraudulenta para proteger a los consumidores. El ministerio también ha solicitado ante la justicia que “sean declarados nulos todos los contratos por los que los viajeros hayan aceptado un bono sustitutorio del reembolso si este se ha adquirido mediante un consentimiento viciado”. Todo un torpedo que estallará contra la línea de flotación de unas aerolíneas que piensan ya en la reactivación.

Desde Consumo se argumenta que la reclamación del precio del billete debería ser posible cuando la compañía aérea no haya informado del derecho de reembolso al usuario y haya ofrecido el bono como única opción. Esta práctica se habría llevado a cabo ante la enorme presión contra la liquidez de las compañías aéreas que está suponiendo tener los aviones en tierra y las miles de cancelaciones en pleno arranque de la temporada de verano. La defensa de un marco en que los clientes puedan contar con su dinero en un plazo máximo de siete días abre una vía a múltiples reclamaciones y una nueva sangría para la caja de las compañías.

La decisión de acudir a la justicia ha sido comunicada a las comunidades autónomas. En el debate se ha recordado que la normativa europea establece que, ante la cancelación de un vuelo, “las aerolíneas deberán ofrecer a los viajeros el reembolso de su dinero en un plazo de siete días; la conducción hasta el destino final lo más rápido posible; o la conducción hasta el destino en una fecha que convenga al viajero”.

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